Esta medida es ciertamente una agresión a la libertad de los padres, educadores y de los propios menores de crecer y formarse en valores absolutamente dignos y respetables. Además encubre un ataque frontal a este espectáculo, a esta profesión y a quienes la ejercemos con un sentido vocacional y artístico.
Por ello, exhortamos a los políticos y a las administraciones en general a que reconozcan esta profesión, que goza de todas las coberturas legales incluso desde la propia Constitución Española; tiene su propio régimen en seguridad social donde se cotizan grandes cantidades y su ejercicio supone una importante fuente de ingresos a base de impuestos para todas las administraciones estatales y autonómicas.
Sin embargo medidas como la de Galicia o Catalunya nos convierten en proscritos, y suponen auténticos juicios sumarios sobre la ética del profesional taurino, cuando los valores de la fiesta de toros y esta profesión son innegables y así se les ha reconocido históricamente.
De la misma manera anunciamos que la prohibición de ejercer nuestra profesión en Catalunya deberá ser indemnizada económicamente por la administración, ante su decisión de imposibilitar que ejerzamos un trabajo legalmente reconocido, y para ello ya se están dando los pasos necesarios en este sentido.
Por último señalar que lo que el sector taurino y esta profesión necesitan sería un marco legal común en el ámbito nacional, al menos en cuestiones básicas de la profesión y la defensa de la fiesta para que la lidia se desarrolle sin cortapisas, sin prohibiciones y con el fomento de los principios y valores de esta fiesta que son tan nobles, artísticos, culturales y ecológicos.
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