En declaraciones a Europa Press para valorar la entrada en vigor de la abolición el pasado 1 de enero, el portavoz, Leonardo Anselmi, ha explicado que el colectivo está seguro de que el final de las corridas de toros en Cataluña es irreversible y un cambio legislativo a nivel estatal "sería prácticamente dictatorial". Anselmi ha valorado que durante el tiempo transcurrido desde la aprobación de la medida en julio de 2010 "la decisión se ha afianzado", como demuestra que, un año después, el Parlament haya rechazado retomar el debate y se haya reafirmado en la prohibición incluso con más votos que un año antes.
A pesar de las declaraciones del PP contrarias a la abolición y al hecho de que el toreo haya sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en comunidades autónomas gobernadas por los populares, Prou! mantiene que la medida catalana es "absolutamente constitucional" y confía en que el Tribunal Constitucional (TC) así lo establezca en su respuesta al recurso interpuesto.
La ley aprobada en el Parlament fija el primer semestre de 2012 como el plazo previsto para determinar las indemnizaciones económicas por el cese del toreo en Cataluña. En todo caso, la ley posibilita trasladar al presupuesto de 2013 el hipotético pago y subraya que el Govern es el encargado de determinar el importe de la compensación.
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