Por Íñigo Crespo
El Ministerio de Cultura (MECD) se encuentra trabajando en mecanismos para poner en marcha un nuevo Reglamento Nacional Taurino que sustituya al actualmente en vigor que esta regulado por la Ley 10/1991 de 4 de abril y por el Real Decreto 145/1996 de 2 de febrero. Las intenciones ministeriales –de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la ILP aprobada con rango de Ley 18/2013 de 18 de noviembre- es dar paso a un nuevo marco normativo, que deberá ser aprobado en su momento por la Comisión Nacional Taurina y que se redacte de común acuerdo con todos los sectores implicados en el espectáculo.
Para poder afrontar la idea de un reglamento nuevo cuyo ámbito de aplicación sea todo el territorio nacional, el propio borrador del Plan reconoce: “Para superar el factor competencial, es imprescindible apuntar un factor de carácter jurídico que va a condicionar el marco de desenvolvimiento de la Tauromaquia a medio plazo y que no es otro que la futura sentencia del Tribunal Constitucional que resolverá el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 1 de la ley 28/2010 de 3 de agosto, del Parlamento de Cataluña”
Así las cosas y una vez este sobre la mesa la sentencia del Constitucional, el Plan de Fomento y Protección de la Tauromaquia especifica que dada que la actual distribución de competencias emana de la Constitución y se concreta en los diferentes Estatutos de Autonomía, el Estado podría establecer una normativa taurina con unos parámetros comunes que otorguen ‘homogeneidad’ (que no ‘uniformidad’), de acuerdo a lo establecido en los artículos 46 y 44, 149.1, reglas 1ª y 28ª, y 149.2 de la Constitución para garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia no ya únicamente como espectáculo público sino como Patrimonio Cultural de todos los españoles.
Aplausos
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