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| PLAZA DE TOROS DE MONÓVAR. |
Los últimos conflictos en Granada, Benidorm y Monóvar, detonantes para "acudir a la única posibilidad legal que nos queda para defender los legítimos derechos de nuestros asociados: la convocatoria de huelga", asegura la entidad en un comunicado.
La Unión de Toreros ha propuesto a sus asociados acogerse al derecho de huelga en las plazas cuyos empresarios adeudan dinero a quienes se visten de luces. La entidad, que cuenta con el respaldo de otros organismos de toreros como la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles y la Asociación Sindical de Mozos de Espadas y Puntilleros, ha emitido un comunicado de prensa en el que, junto a la medida de huelga incitada, expresa su opinión acerca de la situación de plazas como Granada, Benidorm y Monóvar en las que se han suscitado impagos con los toreros.
En la nota, la Unión de Toreros no sólo carga contra los empresarios que adeudan dinero, "que campan a sus anchas por toda nuestra geografía", sino también contra las administraciones públicas, que "siguen desentendiéndose del problema, y permiten que una empresa con 3.000 euros de capital social (teórico), y sin ningún otro activo patrimonial, organice espectáculos públicos, o incluso Ferias, con un coste de varias decenas o cientos de miles de euros, sin apenas exigencia alguna de garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones".
Dada la situación, las asociaciones profesionales taurinas "acudimos a la única posibilidad legal que nos queda para defender los legítimos derechos de nuestros asociados: la convocatoria de huelga en las plazas de toros en las que se producen impagos. No se trata, pues, de un veto o de una prohibición de torear en esas plazas, sino de una medida legítima que afecta al "centro de trabajo" en el que se han prestado los servicios no retribuidos. A partir de ahí, es decisión individual de cada torero el secundar o no la convocatoria de huelga, pues ésta se configura constitucionalmente como un derecho, nunca como una obligación".
El comunicado enviado a los medios de comunicación, dice, textualmente:
PRIMERO.- Desde hace tiempo, mucho más allá de que comenzara la crisis económica que todos padecemos, los toreros vienen soportando una indecente cantidad de impagos por parte de ciertos empresarios taurinos que campan a sus anchas por toda nuestra geografía, con la convivencia de no pocos Ayuntamientos que persisten en adjudicarles sus plazas incluso a través de sociedades o personas testaferros. Al no pagar a los toreros, como tampoco pagan en muchas ocasiones a los ganaderos, a la Seguridad Social, a Hacienda, a proveedores, etc., estos empresarios compiten deslealmente con otros que, por ser rigurosos en el cumplimiento de sus obligaciones, no pueden igualar la oferta de aquellos ante los Ayuntamientos.
Del mismo modo, muchos toreros con cualidades para progresar, se ven obligados a quedarse parados por no aceptar las condiciones indignas que tales empresarios les proponen. Mientras tanto, otros toreros suben puestos en el escalafón a base de torear sin cobrar y, normalmente, llevando en sus cuadrillas a pseudoprofesionales que hacen lo propio.
Todo ello, consideraciones legales (laborales y penales) al margen, provoca un efecto absolutamente pernicioso para la Fiesta de los Toros; salvo excepciones, hoy en día no se progresa por méritos ante el toro, sino por concesiones ante este tipo de empresarios sin escrúpulos, lo que a menudo redunda en la calidad de lo que acontece en el ruedo.
SEGUNDO.- Desde las asociaciones profesionales hemos venido abogando reiteradamente por el establecimiento de medidas de control sobre los pagos de las empresas a los toreros, y los de éstos a sus cuadrillas, de manera que se provoque el tan deseado saneamiento económico del sector.
Igualmente, hemos venido reclamando la necesidad de establecer un control sobre las empresas que evite la competencia desleal y el fraude. Lamentablemente, las Administraciones Públicas siguen desentendiéndose del problema, y permiten que una empresa con 3.000 euros de capital social (teórico), y sin ningún otro activo patrimonial, organice espectáculos públicos, o incluso Ferias, con un coste de varias decenas o cientos de miles de euros, sin apenas exigencia alguna de garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones.
TERCERO.- En esta situación, la opción de proceder judicialmente contra las empresas que no pagan es generalmente ineficaz, puesto que la manifiesta insolvencia de tales empresas, y de quienes aparecen como administradores, provoca que cualquier sentencia favorable sea meramente ilusoria, por no tener posibilidad real de ejecutarse sobre patrimonio alguno. Pese a ello, en los casos más vergonzantes, se ha optado por acudir a la jurisdicción penal, aún a sabiendas de que por esta vía se puede conseguir la condena del responsable, pero difícilmente el pago de la deuda.
Por este motivo, y ante el desamparo de la Administración, las asociaciones profesionales taurinas acudimos a la única posibilidad legal que nos queda para defender los legítimos derechos de nuestros asociados: la convocatoria de huelga en las plazas de toros en las que se producen impagos. No se trata, pues, de un veto o de una prohibición de torear en esas plazas, sino de una medida legítima que afecta al "centro de trabajo" en el que se han prestado los servicios no retribuidos. A partir de ahí, es decisión individual de cada torero el secundar o no la convocatoria de huelga, pues ésta se configura constitucionalmente como un derecho, nunca como una obligación.
CUARTO.- Las asociaciones profesionales taurinas no somos ajenas a la actual coyuntura de crisis que de modo tan intenso está afectando a la Fiesta de los Toros. No somos en absoluto partidarias de que se cierren plazas, y resulta tan absurdo que se nos acuse de ello que no podemos por menos que intuir la presencia de intereses particulares de quien realiza tales afirmaciones. Antes al contrario, siempre nos hemos conducido con la necesaria flexibilidad para hacer posible el acuerdo que permita que se desconvoque una huelga, aceptando quitas, fraccionamientos y aplazamientos. Igualmente, y con el ánimo de mantener la actividad taurina y favorecer al mismo tiempo a quienes más lo necesitan, hemos dado vía libre a la celebración de novilladas sin caballos en las plazas en huelga. Pero, en todo caso, no podemos lamentar que se dejen de dar festejos en los que, por sistema, no se respetan los legítimos derechos de los toreros.
QUINTO.- En el caso concreto de Benidorm, debemos aclarar que la huelga sigue vigente, y afortunadamente contamos con el decidido respaldo de la mayoría de los toreros, incluidas las máximas figuras. El Ayuntamiento de la localidad no sólo ha incumplido los compromisos verbales asumidos hace tiempo para solucionar el problema, sino que incluso hemos tenido noticias de que supuestamente ha llegado a ofrecer la gestión de la plaza precisamente al empresario que generó las deudas que se reclaman. En cualquier caso, insistimos en que no se trata de prohibición o veto, sino de una convocatoria de huelga legal cuyo seguimiento es absolutamente voluntario, como lo demuestra el hecho de que este pasado verano se ha celebrado una corrida de toros con tres toreros que decidieron no secundar la huelga.
SEXTO.- Por lo que se refiere a Monóvar, creemos que las circunstancias deben quedar aclaradas con la anterior exposición. No obstante, conviene destacar el hecho de que al empresario que quería organizar tan singular festejo se le expusieron las mismas condiciones que a otros que tuvieron anteriormente interés en hacerse cargo de la plaza y asumir la deuda, que era el pago en tres plazos, sin que entonces el Ayuntamiento de la localidad aceptase cederles la plaza.
SÉPTIMO.- Finalmente, por lo que se refiere a la situación de la plaza de toros de Granada, debemos aclarar que a la deuda dejada por la empresa Taurotoro S.L., que a día de hoy asciende a 348.364 euros más intereses, hay que añadir la generada por la empresa José Jesús Cañas, S.A., que aún está pendiente de cuantificar puesto que se siguen presentando reclamaciones cada día. Hemos fijado un plazo hasta el próximo 31 de octubre para presentar tales reclamaciones, transcurrido el cual comunicaremos el importe adecuado tanto a la sociedad propietaria de la plaza (la cual ya ha sido advertida formalmente del problema suscitado, pendiente de su cuantificación definitiva) como a la empresa que resulte cesionaria. La huelga sobre dicha plaza será comunicada oficialmente en los próximos días, e igualmente contamos para ello con el apoyo de la mayoría de los toreros, incluidas las máximas figuras.
La Junta Directiva de la Unión de Toreros
Madrid, 19 de octubre de 2012
En la nota, la Unión de Toreros no sólo carga contra los empresarios que adeudan dinero, "que campan a sus anchas por toda nuestra geografía", sino también contra las administraciones públicas, que "siguen desentendiéndose del problema, y permiten que una empresa con 3.000 euros de capital social (teórico), y sin ningún otro activo patrimonial, organice espectáculos públicos, o incluso Ferias, con un coste de varias decenas o cientos de miles de euros, sin apenas exigencia alguna de garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones".
Dada la situación, las asociaciones profesionales taurinas "acudimos a la única posibilidad legal que nos queda para defender los legítimos derechos de nuestros asociados: la convocatoria de huelga en las plazas de toros en las que se producen impagos. No se trata, pues, de un veto o de una prohibición de torear en esas plazas, sino de una medida legítima que afecta al "centro de trabajo" en el que se han prestado los servicios no retribuidos. A partir de ahí, es decisión individual de cada torero el secundar o no la convocatoria de huelga, pues ésta se configura constitucionalmente como un derecho, nunca como una obligación".
El comunicado enviado a los medios de comunicación, dice, textualmente:
PRIMERO.- Desde hace tiempo, mucho más allá de que comenzara la crisis económica que todos padecemos, los toreros vienen soportando una indecente cantidad de impagos por parte de ciertos empresarios taurinos que campan a sus anchas por toda nuestra geografía, con la convivencia de no pocos Ayuntamientos que persisten en adjudicarles sus plazas incluso a través de sociedades o personas testaferros. Al no pagar a los toreros, como tampoco pagan en muchas ocasiones a los ganaderos, a la Seguridad Social, a Hacienda, a proveedores, etc., estos empresarios compiten deslealmente con otros que, por ser rigurosos en el cumplimiento de sus obligaciones, no pueden igualar la oferta de aquellos ante los Ayuntamientos.
Del mismo modo, muchos toreros con cualidades para progresar, se ven obligados a quedarse parados por no aceptar las condiciones indignas que tales empresarios les proponen. Mientras tanto, otros toreros suben puestos en el escalafón a base de torear sin cobrar y, normalmente, llevando en sus cuadrillas a pseudoprofesionales que hacen lo propio.
Todo ello, consideraciones legales (laborales y penales) al margen, provoca un efecto absolutamente pernicioso para la Fiesta de los Toros; salvo excepciones, hoy en día no se progresa por méritos ante el toro, sino por concesiones ante este tipo de empresarios sin escrúpulos, lo que a menudo redunda en la calidad de lo que acontece en el ruedo.
SEGUNDO.- Desde las asociaciones profesionales hemos venido abogando reiteradamente por el establecimiento de medidas de control sobre los pagos de las empresas a los toreros, y los de éstos a sus cuadrillas, de manera que se provoque el tan deseado saneamiento económico del sector.
Igualmente, hemos venido reclamando la necesidad de establecer un control sobre las empresas que evite la competencia desleal y el fraude. Lamentablemente, las Administraciones Públicas siguen desentendiéndose del problema, y permiten que una empresa con 3.000 euros de capital social (teórico), y sin ningún otro activo patrimonial, organice espectáculos públicos, o incluso Ferias, con un coste de varias decenas o cientos de miles de euros, sin apenas exigencia alguna de garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones.
TERCERO.- En esta situación, la opción de proceder judicialmente contra las empresas que no pagan es generalmente ineficaz, puesto que la manifiesta insolvencia de tales empresas, y de quienes aparecen como administradores, provoca que cualquier sentencia favorable sea meramente ilusoria, por no tener posibilidad real de ejecutarse sobre patrimonio alguno. Pese a ello, en los casos más vergonzantes, se ha optado por acudir a la jurisdicción penal, aún a sabiendas de que por esta vía se puede conseguir la condena del responsable, pero difícilmente el pago de la deuda.
Por este motivo, y ante el desamparo de la Administración, las asociaciones profesionales taurinas acudimos a la única posibilidad legal que nos queda para defender los legítimos derechos de nuestros asociados: la convocatoria de huelga en las plazas de toros en las que se producen impagos. No se trata, pues, de un veto o de una prohibición de torear en esas plazas, sino de una medida legítima que afecta al "centro de trabajo" en el que se han prestado los servicios no retribuidos. A partir de ahí, es decisión individual de cada torero el secundar o no la convocatoria de huelga, pues ésta se configura constitucionalmente como un derecho, nunca como una obligación.
CUARTO.- Las asociaciones profesionales taurinas no somos ajenas a la actual coyuntura de crisis que de modo tan intenso está afectando a la Fiesta de los Toros. No somos en absoluto partidarias de que se cierren plazas, y resulta tan absurdo que se nos acuse de ello que no podemos por menos que intuir la presencia de intereses particulares de quien realiza tales afirmaciones. Antes al contrario, siempre nos hemos conducido con la necesaria flexibilidad para hacer posible el acuerdo que permita que se desconvoque una huelga, aceptando quitas, fraccionamientos y aplazamientos. Igualmente, y con el ánimo de mantener la actividad taurina y favorecer al mismo tiempo a quienes más lo necesitan, hemos dado vía libre a la celebración de novilladas sin caballos en las plazas en huelga. Pero, en todo caso, no podemos lamentar que se dejen de dar festejos en los que, por sistema, no se respetan los legítimos derechos de los toreros.
QUINTO.- En el caso concreto de Benidorm, debemos aclarar que la huelga sigue vigente, y afortunadamente contamos con el decidido respaldo de la mayoría de los toreros, incluidas las máximas figuras. El Ayuntamiento de la localidad no sólo ha incumplido los compromisos verbales asumidos hace tiempo para solucionar el problema, sino que incluso hemos tenido noticias de que supuestamente ha llegado a ofrecer la gestión de la plaza precisamente al empresario que generó las deudas que se reclaman. En cualquier caso, insistimos en que no se trata de prohibición o veto, sino de una convocatoria de huelga legal cuyo seguimiento es absolutamente voluntario, como lo demuestra el hecho de que este pasado verano se ha celebrado una corrida de toros con tres toreros que decidieron no secundar la huelga.
SEXTO.- Por lo que se refiere a Monóvar, creemos que las circunstancias deben quedar aclaradas con la anterior exposición. No obstante, conviene destacar el hecho de que al empresario que quería organizar tan singular festejo se le expusieron las mismas condiciones que a otros que tuvieron anteriormente interés en hacerse cargo de la plaza y asumir la deuda, que era el pago en tres plazos, sin que entonces el Ayuntamiento de la localidad aceptase cederles la plaza.
SÉPTIMO.- Finalmente, por lo que se refiere a la situación de la plaza de toros de Granada, debemos aclarar que a la deuda dejada por la empresa Taurotoro S.L., que a día de hoy asciende a 348.364 euros más intereses, hay que añadir la generada por la empresa José Jesús Cañas, S.A., que aún está pendiente de cuantificar puesto que se siguen presentando reclamaciones cada día. Hemos fijado un plazo hasta el próximo 31 de octubre para presentar tales reclamaciones, transcurrido el cual comunicaremos el importe adecuado tanto a la sociedad propietaria de la plaza (la cual ya ha sido advertida formalmente del problema suscitado, pendiente de su cuantificación definitiva) como a la empresa que resulte cesionaria. La huelga sobre dicha plaza será comunicada oficialmente en los próximos días, e igualmente contamos para ello con el apoyo de la mayoría de los toreros, incluidas las máximas figuras.
La Junta Directiva de la Unión de Toreros
Madrid, 19 de octubre de 2012
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