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| ENRIQUE ALONSO Y JUAN MANUEL ALBENDEA. |
La Sala Sagasta del Congreso de los Diputados acoge desde las 11 horas el primer turno de comparecencias en relación a la proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural. Bajo la presidencia de Juan Manuel Albendea, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, han intervenido los juristas Tomás Ramón Fernández, Enrique Alonso, Enric Argullol i Murgades y José Antonio Soriano. De sus palabras y exposiciones, que han tenido un tono fundamentalmente jurídico, se ha llegado a coincidir y concluir que el Estado tiene competencias para declarar los toros Bien de Interés Cultural.
TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ: "El Parlamento tiene una deuda con la Fiesta"
Abrió las intervenciones Tomás Ramón Fernández, Catedrático de la Facultad de Derecho de Madrid. A lo largo de 20 minutos, su exposición ha tenido una primera parte brillante en la que ha justificado lo que él mismo ha calificado como "la deuda del parlamento español con la Fiesta de la que no se preocupó hasta la ley corcuera del 4 de abril de 1991 pero tratándola desde el flanco del reglamento por lo cual no salda la deuda". El propio compareciente ha tachado "la regulación de la fiesta de los toros como una obligación constitucional", refiriéndose al artículo 46 en la cual los poderes públicos dice que tiene la obligación de garantizar el patrimonio cultural.
Tomás Ramón Fernández ha señalado que "la Fiesta pertenece a ese patrimonio cultural, siendo la expresión más relevante del patrimonio español". En la misma línea, el catedrático ha subrayado que "esto no es ninguna imposición del gobierno ni una imposición por real decreto, esto es una demanda de más de medio millón de firmas que piden al parlamento que se cumpla el mandato constitucional del artículo 46". En sus palabras, Tomás Ramón Fernández ha hecho énfasis en que desde un punto de vista meramente jurídico "poco hay que discutir sobre las competencias que el Estado tiene en materia cultural".
En el tramo final, el catedrático ha elevado la intensidad de su discurso diciendo que para hacer una aproximación a la Fiesta "hay que hacerlo desde una aproximación real y conocerla desde dentro. La Fiesta ha vivido en España desde la tolerancia, siendo una de las cosas que más felices han hecho a los españoles, según decía Ortega y Gasset".
En respuesta a las preguntas de otros grupos, el compareciente ha sido especialmente claro a la cuestión promulagada por el diputado de Izquierda Plural, Jesús Yuste. Tomás Ramón Fernández ha contestado que "declarar Bien de Interés Cultural la Fiesta no es ningún disparate político", señalando que "no hay materia extraña para el legislador, ningún terreno es vedado para el legislador, y lo digo aquí donde descansa la soberanía del pueblo español".
En relación a si cree que la ILP obliga a proteger la Fiesta como BIC y si dentro de la ILP están incluido o no los festejos populares, Tomás Ramón Fernández explicó: "Históricamente tanto los festejos mayores como los menores han tenido una reglamentación distinta, y como ejemplo curioso de esto lo tenemos en Cataluña, donde unos animales sufren y otros no según ellos".
Tomás Ramón Fernández ha señalado que "la Fiesta pertenece a ese patrimonio cultural, siendo la expresión más relevante del patrimonio español". En la misma línea, el catedrático ha subrayado que "esto no es ninguna imposición del gobierno ni una imposición por real decreto, esto es una demanda de más de medio millón de firmas que piden al parlamento que se cumpla el mandato constitucional del artículo 46". En sus palabras, Tomás Ramón Fernández ha hecho énfasis en que desde un punto de vista meramente jurídico "poco hay que discutir sobre las competencias que el Estado tiene en materia cultural".
En el tramo final, el catedrático ha elevado la intensidad de su discurso diciendo que para hacer una aproximación a la Fiesta "hay que hacerlo desde una aproximación real y conocerla desde dentro. La Fiesta ha vivido en España desde la tolerancia, siendo una de las cosas que más felices han hecho a los españoles, según decía Ortega y Gasset".
En respuesta a las preguntas de otros grupos, el compareciente ha sido especialmente claro a la cuestión promulagada por el diputado de Izquierda Plural, Jesús Yuste. Tomás Ramón Fernández ha contestado que "declarar Bien de Interés Cultural la Fiesta no es ningún disparate político", señalando que "no hay materia extraña para el legislador, ningún terreno es vedado para el legislador, y lo digo aquí donde descansa la soberanía del pueblo español".
En relación a si cree que la ILP obliga a proteger la Fiesta como BIC y si dentro de la ILP están incluido o no los festejos populares, Tomás Ramón Fernández explicó: "Históricamente tanto los festejos mayores como los menores han tenido una reglamentación distinta, y como ejemplo curioso de esto lo tenemos en Cataluña, donde unos animales sufren y otros no según ellos".
ENRIQUE ALONSO: "El Estado sí puede declarar como BIC la fiesta de los toros"
El Consejero de Estado Enrique Alonso marcó su posición contraria respecto a la fiesta de los toros, comenzando su intervención en un tono muy crítico. Asimismo afirmó que los toros "son un indudable motor económico pero esto viene dado porque están subvencionados de forma masiva. Cuando se acaben las subvenciones se acabará la Tauromaquia". En el colmo del desconocimiento, ha llegado a asegurar "que el éxito de San Fermín radica en las subvenciones".
Cuando su intervención derivó a términos jurídicos, Enrique Alonso reconoció: "El Estado sí puede declarar como BIC la fiesta de los toros porque tiene amparo legal". En este sentido dijo: "Habría que entrar a discutir si es constitucional o no, al igual que es discutible la prohibición catalana, que ha sido recurrida en base a la libertad de mercado y no a aspectos culturales".
Tras reconocer que el toro bravo es una excepción en Europa, hizo hincapié en dos aspectos del texto. En su opinión, en primer lugar habría que justificar más el riesgo real de supervivencia de la fiesta de los toros; y por otro lado, considera que habría que distinguir entre lo que realmente es patrimonio histórico y lo que es un motor económico.
Cuando su intervención derivó a términos jurídicos, Enrique Alonso reconoció: "El Estado sí puede declarar como BIC la fiesta de los toros porque tiene amparo legal". En este sentido dijo: "Habría que entrar a discutir si es constitucional o no, al igual que es discutible la prohibición catalana, que ha sido recurrida en base a la libertad de mercado y no a aspectos culturales".
Tras reconocer que el toro bravo es una excepción en Europa, hizo hincapié en dos aspectos del texto. En su opinión, en primer lugar habría que justificar más el riesgo real de supervivencia de la fiesta de los toros; y por otro lado, considera que habría que distinguir entre lo que realmente es patrimonio histórico y lo que es un motor económico.
ENRIC ARGULLOL: "El elemento sustancial de la Fiesta es la tradición"
El tercer turno ha correspondido a Enric Argullol i Murgades, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Pompeu Fabra. En su intervención ha puesto en duda el artículo 149.2, que delimita el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Puntualizando que a este artículo se puede recurrir: 1. Cuando no haya leyes competenciales de por medio; 2. En casos excepcionales como la expoliación cultural, pero para ello hay que establecerlo en el texto.
El propio Enrique Argullol ha admitido que "el elemento sustancial de la Fiesta es la tradición", puntualizando: "Esa tradición tiene un nivel de adaptación distinto dependiendo del territorio y debe ser el Parlamento el que deba calibrar el arraigo de esa tradición".
Sobre el texto de la ILP, expuso que deberá aprobar que con relación a los toros existe una expoliación y en este punto ha concluido lanzando una pregunta: "¿Se puede poner en el mismo plano lo sucedido en Cataluña con la destrucción de una catedral gótica?
El propio Enrique Argullol ha admitido que "el elemento sustancial de la Fiesta es la tradición", puntualizando: "Esa tradición tiene un nivel de adaptación distinto dependiendo del territorio y debe ser el Parlamento el que deba calibrar el arraigo de esa tradición".
Sobre el texto de la ILP, expuso que deberá aprobar que con relación a los toros existe una expoliación y en este punto ha concluido lanzando una pregunta: "¿Se puede poner en el mismo plano lo sucedido en Cataluña con la destrucción de una catedral gótica?
JOSÉ ANTONIO SORIANO: "Hay margen para que el Estado proteja la Tauromaquia a través de esta ILP"
José Antonio Soriano, el que fuera Director General de Espectáculos Taurinos de la Junta de Andalucía, afirmó en su turno de palabra: "Esta ILP nunca hubiera llegado a la Cámara si la Fiesta no hubiese sido atacada", puesto que "representa una reacción ciudadana legítima de quienes la sienten como un sentimiento o una forma de vida". A través de su experiencia ha dejado claro que la "Ley Corcuera transfirió las competencias taurinas a las Comunidades Autónomas, por tanto no existe una normativa básica en manos del Estado. A fecha de hoy, el 99% de las comeptencias taurinas son de las Comunidades Autónomas por que así lo quiso el legislador". Posiblemente, "que el Estado se desapoderada de esas competencias fue un error". Sin embargo, también ha dicho que "hay margen para que el Estado proteja la Tauromaquia a través de esta ILP pero entendiendo la Tauromaquia como un amplio espectro, no sólo como el espectáculo en sí".
Sobre este punto de vista, ha confirmado que "la única vía que le queda al Estado para salvaguardar la Tauromaquia es esta ILP cuya aprobación no devolverá los toros a Cataluña pero sí será un apoyo moral para quien disfruta y respeta la Fiesta. Es un buen momento para que se apruebe la ILP porque en los últimos años la gente que vive de los toros se ha llevado muchos palos y esto será un refuerzo moral. Hay que buscar el equilibrio competencial".
José Antonio Soriano ha recalcado: "El futuro de la Fiesta debe ser lo que quiera la gente a través de su libertad. El Estado ingresa en concepto de IVA y a través de la Fiesta el triple de lo que ingresa por el cine. Hoy en día la fiesta no recibe fondos públicos. Comunidades como Extremadura, Castilla y León y Comunidad Valencia han hecho a favor de la Fiesta más que el Gobierno central". Por último ha destacado que la "decisión del Parlamento catalán fue puramente política".
José Antonio Soriano, el que fuera Director General de Espectáculos Taurinos de la Junta de Andalucía, afirmó en su turno de palabra: "Esta ILP nunca hubiera llegado a la Cámara si la Fiesta no hubiese sido atacada", puesto que "representa una reacción ciudadana legítima de quienes la sienten como un sentimiento o una forma de vida". A través de su experiencia ha dejado claro que la "Ley Corcuera transfirió las competencias taurinas a las Comunidades Autónomas, por tanto no existe una normativa básica en manos del Estado. A fecha de hoy, el 99% de las comeptencias taurinas son de las Comunidades Autónomas por que así lo quiso el legislador". Posiblemente, "que el Estado se desapoderada de esas competencias fue un error". Sin embargo, también ha dicho que "hay margen para que el Estado proteja la Tauromaquia a través de esta ILP pero entendiendo la Tauromaquia como un amplio espectro, no sólo como el espectáculo en sí".
Sobre este punto de vista, ha confirmado que "la única vía que le queda al Estado para salvaguardar la Tauromaquia es esta ILP cuya aprobación no devolverá los toros a Cataluña pero sí será un apoyo moral para quien disfruta y respeta la Fiesta. Es un buen momento para que se apruebe la ILP porque en los últimos años la gente que vive de los toros se ha llevado muchos palos y esto será un refuerzo moral. Hay que buscar el equilibrio competencial".
José Antonio Soriano ha recalcado: "El futuro de la Fiesta debe ser lo que quiera la gente a través de su libertad. El Estado ingresa en concepto de IVA y a través de la Fiesta el triple de lo que ingresa por el cine. Hoy en día la fiesta no recibe fondos públicos. Comunidades como Extremadura, Castilla y León y Comunidad Valencia han hecho a favor de la Fiesta más que el Gobierno central". Por último ha destacado que la "decisión del Parlamento catalán fue puramente política".
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