Toca la respuesta del Estado.Una respuesta acorde a la gravedad del desafío. Se trata la del Parlamento de Cataluña de una declaración de guerra a España que sólo puede ser respondida con la determinación de una nación humillada durante años por los secesionistas. Toca mover ficha. Y no sólo los poderes del Estado. Los españoles de a pie tenemos también el deber ineludible de responder sin descanso al embite ilegal de los secesionistas, utilizando todas las armas que la libertad de decidir nos otorga.
¡No debe haber paz para los traidores! Los golpistas catalanes declaran la guerra a España y ahora toca aplastarlos sin contemplaciones.
AD.- Toca la respuesta del Estado.Una respuesta acorde a la gravedad del desafío. Se trata la del Parlamento de Cataluña de una declaración de guerra a España que sólo puede ser respondida con la determinación de una nación humillada durante años por los secesionistas. Toca mover ficha. Y no sólo los poderes del Estado. Los españoles de a pie tenemos también el deber ineludible de responder sin descanso al embite ilegal de los secesionistas, utilizando todas las armas que la libertad de decidir nos otorga. La primera y más inmediata es el vacío económico a Cataluña, el boicot a sus productos, a sus empresarios y a cualquier empresa del resto de España que colabore con ellos. Cuando lo que está en juego es la dignidad histórica de España, lo que menos nos importa son los costes económicos colaterales de la medida. Una lucha sin cuartel, sin fisuras, contra cualquiera de las expresiones del catalanismo, lo que inevitablemente incluye a sus empresas.
Los hechos gravísimos que vivimos ponen también de manifiesto el fracaso del estado autonómico surgido en 1978 y hace imprescindible la reparación moral de todos los españoles calumniados durante décadas por advertirnos del escenario que hoy desgraciadamente se ha hecho bien visible.
Es más necesario que nunca que no nos rindamos, que exhibamos nuestra bandera, que declaremos como enemigos a quienes llevan años minando nuestra convivencia, adoctrinando a los niños en el odio, haciendo escarnio de nuestros símbolos nacionales, transfiriendo los recursos públicos a cuentas andorranas, obligando a las empresas locales a un refugio legal seguro, lejos, bien lejos, del clima de insurrección golpista en las instituciones autonómicas catalanas.
En esta hora oscura tampoco debemos olvidarnos de la ultraizquierda española que ha tenido siempre, entre ceja y ceja, la destrucción de España, la mano traidora que mece la cuna del separatismo fuera de Cataluña. Que la acción de protesta de los españoles se oriente en igual medida hacia los que han apoyado siempre el totalitarismo separatista, los que ayer apelaban a la paz en Irak y hoy respaldan a los generales narcotraficantes y multimillonarios del régimen de Nicolás Maduro, los que han pedido diálogo con Puigdemont como ayer lo pidieron con los jefes de ETA, los que son manejados por Roures con fines que no se nos escapan, los que han degradado ética y estéticamente la vida española. Esta izquierda repugnante y rancia ha defendido siempre de las peores causas, sustentadas en las mentiras, el relativismo ético, las contradicciones y la corrupción moral. Son y representan una terrible patología social, una plaga de buenismo y demagógicas mentiras, que ha crecido todos estos años porque la sociedad civil española no se ha comprometido en echarles un pulso, en mantener una lucha sin cuartel, eficiente y sistemática contra ellos, como la que mantuvieron millones de compatriotas en tiempos no tan remotos. Entonces les vencimos, y de qué forma. Y hoy es imperio que vuelvan a ser derrotados. Porque somos la razón de que tantos españoles buenos hayan existido.
Vivimos horas cruciales parea el porvenir de España. Cualquier medida mesurada del Gobierno contra las instituciones golpistas catalanas y sus encubridores debe ser considerada acto de alta traición a España. Los traidores catalanes que quieren acabar con cinco siglos de realidad histórica merecen contemplar la devastación de Cataluña como el resultado de su criminal quimera. Ni un paso atrás. La Cataluña que han creado debe ser destruida. AD apela en igual medida a la responsabilidad y alto compromiso patriótico de nuestras Fuerzas Armadas para que tutelen el cumplimiento de la función represora que la exigencia del destino dicta al Gobierno de España. AD hace un llamamiento a la rebelión pacífica de los españoles contra los rebeldes separatistas y las élites económicas que los han sustentado.
Por desgracia, el mandato testamentario del ex jefe del Estado para que velásemos por la unidad, advirtiéndonos al mismo tiempo de que los enemigos de España y de nuestra civilización estaban alerta, no ha sido cumplido por quienes desde su muerte han tenido la responsabilidad política y la exigencia moral de hacerlo.
Eso nos empuja hoy, también a nosotros, a tomar un papel activo en la reversión de los trágicos acontecimientos que hoy se han cristalizado en forma de declaración ilegal de independencia de una parte innegociable del territorio nacional. En esta hora solemne, unimos los nombres de Dios y de España, para gritar, junto a millones de españoles: “¡Arriba España! ¡Muerte al separatismo!
El Parlamento de Cataluña aprueba la independencia
Tal y como estaba previsto, Junts pel Sí y la CUP han aprobado la declaración unilateral de independencia (DUI) en el Parlamento de Cataluña, haciendo suyo el resultado del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Ni Cs, ni el PSC, ni el PP asistieron a la votación, tras un debate duro y crítico, sobre todo, con la propuesta que los diputados autonómicos de JpS y la CUP y el gobierno catalán (con la baja de Santi Vila) estaban a punto de aprobar.
Con una votación nominal y secreta (sí: 70; no: 10; abstención: 2), en la que solo han participado los diputados de JpS, CSQP y la CUP, el Parlament ha aprobado la DUI, que era la primera de las propuestas presentadas conjuntamente por JpS y la CUP.
Poco antes, con el voto habitual (no secreto), el Parlament aprobó declarar también “el inicio y la apertura del proceso constituyente”, instar a la Generalitat a poner en marcha la Asamblea Constituyente y abrir una comisión para que se establezcan responsabilidades penales en el Gobierno de España y el resto de instituciones nacionales por el 1-O.
